Una disputa latente de larga data por los planes para construir dos nuevos gasoductos que llevarían gas natural desde Rusia a Alemania ha avanzado rápidamente en los últimos meses, luego de que la empresa Nord Stream 2 presentara una notificación de arbitraje contra la UE bajo el TCE el 26 de septiembre de 2019.
El arbitraje entre inversor y Estado ha demostrado repetidamente ser poco efectivo para abordar los daños ambientales que sufren los Estados receptores como resultado de las actividades de inversión. Este artículo examina qué lecciones se pueden aprender de las convenciones internacionales de responsabilidad civil, que están diseñadas específicamente para garantizar la indemnización de las víctimas en casos de daños ambientales. Luego, la autora explora qué principios de estas convenciones podrían adaptarse para su uso en tratados de inversión.
CONOCOPHILLIPS PETROZUATA B.V., CONOCOPHILLIPS HAMACA B.V., CONOCOPHILLIPS GULF OF PARIA B.V. Y CONOCOPHILLIPS COMPANY VS. LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CASO DEL CIADI NO. ARB/07/30
Argentina y Ecuador ahora tienen mucha experiencia en la solución de disputas entre inversionistas y estados y han tenido éxito en la defensa de los intereses nacionales contra las reclamaciones de los inversores. Las lecciones de estas experiencias podrían beneficiar a otros países, particularmente a los países en desarrollo, en el desarrollo de sus estrategias de defensa legal.
El 6 de enero de 2016, TransCanada inició un arbitraje contra los Estados Unidos por “dilatar la aprobación de manera irrazonable” del propuesto oleoducto Keystone XL y finalmente denegar dicha aprobación, en noviembre de 2015.
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., y InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. República Argentina, Caso del CIADI No. ARB/03/17; y AWG Group Ltd. v. República Argentina, CNUDMI
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