El 1 de agosto de 2018, Costa de Marfil adoptó un nuevo código de inversiones[1]. Esta nueva legislación[2] presenta una variedad de innovaciones que van desde la revitalización del marco institucional a la reconfiguración de normas fiscales hasta nuevas obligaciones para los inversores.
El Gobierno de Kenia ha ordenado que la supervisión parlamentaria y la participación pública sean constitucionalmente obligatorias en el proceso de aprobación de cualquier TBI. Si bien esa misma participación parlamentaria ha sido menor que su potencial deseado, aún podría jugar un papel muy valioso para garantizar que las negociaciones de TBI sean abiertas y transparentes, y que el público tenga conocimiento y se involucre en el proceso de formulación de tratados y lo que ello significa. Este artículo analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de Kenia con los TBI y la ISDS hasta la fecha. El autor argumenta que el fallo de la Corte Suprema de Kenia, por medio del cual se declaró que los convenios de doble imposición no requieren la supervisión y aprobación del poder legislativo, no debería ser considerado un ejemplo para el gobierno mientras analiza revisar sus procesos de formulación de tratados de inversión.
Tanzania aprobó tres nuevas leyes en julio de 2017 que cambian significativamente el panorama regulatorio que rige los recursos naturales. Las reformas tienen como objetivo garantizar que la inversión extranjera beneficie a los ciudadanos tanzanos. Desde una perspectiva africana, este artículo argumenta que es hora de reconsiderar los regímenes de tratados de inversión para garantizar que no obstaculicen las reformas que tanto se necesitan.
The Bolivian government has enacted three laws—on investment, arbitration and state-owned companies—that reflect the country’s public policy on domestic and foreign investment. Investing in Bolivia requires a careful reading of the three new laws.
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