Se sabe que los AII plantean diversos desafíos para los Estados, que varían desde costosos arbitrajes hasta demoras o incluso el abandono de la acción regulatoria ante la amenaza de un posible litigio. Estos costos importantes de los AII plantean la cuestión de si los tratados ofrecen ventajas proporcionales a los Estados que los suscriben. Uno de los principales efectos positivos que se atribuyen a los AII es que mejoran las condiciones de gobernanza (el estado de derecho) en los países anfitriones. Es en este punto que la experiencia de Singapur es especialmente instructiva. Su experiencia, tal como se presenta en este ensayo, pone de manifiesto los desafíos que los AII pueden plantear incluso en los mejores entornos de gobernanza y, a su vez, plantea cuestiones sobre la medida en que los tratados se ajustan a los objetivos que los formuladores de políticas y sus defensores establecen para ellos.
Este artículo explora el significado del término “infundado/a” tal como lo entienden los Gobiernos que participan en el proceso reforma de la ISDS del WGIII en el marco de la CNUDMI. Aquí se argumenta que los Estados participantes se han enfocado en los aspectos procesales del problema al identificar la forma de limitar las demandas infundadas sin emprender la labor sustantiva de definir este tipo de demandas.
Este artículo presenta el contexto histórico de la transformación del orden jurídico transnacional que rige la minería en Colombia y que ha provocado un creciente número de conflictos socio-políticos, lo cual ha suscitado demandas de ISDS.
De acuerdo con la tercera fase de su mandato, y el plan de trabajo y de recursos adoptado en su 40º período de sesiones, el Grupo de Trabajo III (WGIII) de la CNUDMI continúa trabajando en la reforma de la ISDS en 2022, enfocado en el proyecto de código de conducta para decisores en controversias de inversión internacional, el cual ya era el único tema del programa del 41º período de sesiones y objeto de una reunión informal celebrada en diciembre de 2021.
Este artículo ofrece una evaluación inicial sobre el riesgo de arbitrajes basados en el TCE que se desprende de los compromisos de la COP 26 debido a su impacto en las inversiones relativas a los combustibles fósiles en las partes contratantes del TCE. También analiza cómo estos impactos se traducirían en demandas de arbitraje entre inversionistas y Estados, tomando en cuenta los casos de ISDS iniciados en el pasado y en el presente que involucran al sector energético.
La importancia de vincular el desarrollo sostenible con la IED ha atraído creciente atención durante los últimos años y cada vez más AII incluyen disposiciones sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, la arquitectura y funcionamiento del régimen de inversión tornan difícil la aplicación de estas normas.
La decisión del caso Eco Oro vs. Colombia emitida recientemente revela muchos de los problemas relacionados con el excepcionalismo de políticas. En este sentido, sugiere que los Estados no pueden, al poblar sus tratados de inversión con excepciones y exenciones, evitar simplemente los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el sistema de tratados de inversión.
El aumento de los montos de compensación concedidos en los laudos arbitrales en virtud de los tratados internacionales de inversión está suscitando un mayor escrutinio por los métodos que utilizan los tribunales internacionales de inversión para otorgar a sumas —en ocasiones asombrosas. A este respecto, surge una pregunta: ¿Cómo se están haciendo las cosas en otros foros? Al comparar estos enfoques con los utilizados por los tribunales internacionales de inversión, este artículo procura extraer algunas consideraciones importantes sobre políticas para la reforma de los principios de compensación.
Les discussions sur une éventuelle décision sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) visant à accélérer la production et la distribution équitable de vaccins et de médicaments se poursuivent, malgré le report de la 12ème conférence ministérielle de l’OMC. En l’absence de coordination entre une décision sur les ADPIC et les obligations des membres de l’OMC au titre des AII, ces obligations pourraient réduire significativement l’efficacité de toute décision.
De todos los combustibles de este tipo, el carbón tiene el mayor impacto climático. Sin embargo, las decisiones soberanas para eliminar el carbón inevitablemente afectan la inversión de los operadores de las centrales eléctricas de carbón, lo cual con frecuencia genera controversias que involucran una compensación por la pérdida de ganancias.
Entrevista con Esmé Shirlow sobre su nuevo libro, Juzgando en la Interfaz: Deferencia a la autoridad estatal de toma de decisiones en la resolución internacional.
Este artículo realiza un resumen de los debates del WGIII de la CNUDMI sobre la reforma de la ISDS en torno a la regulación de la financiación por terceros.
Este artículo es una entrevista con Nicolás Perrone sobre su nueva publicación, Investment Treaties and the Legal Imagination: How Foreign Investors Play by Their Own Rules.
Tal como informamos, la empresa de energía estatal de Alemania, Uniper, notificó a los Países Bajos sobre una controversia de inversión el año pasado, luego del anuncio de los planes de este último para eliminar las centrales eléctricas operadas a carbón para el 2030. Junto con RWE, otra empresa alemana, Uniper cumplió con esta amenaza anteriormente este año; ambas empresas entablaron demandas ante el CIADI bajo el TCE esta primavera.
La manera en que el régimen de protección de las inversiones enmarca las controversias entre Estados e inversores no contempla que, especialmente cuando están relacionadas con la industria extractiva, se encuentran insertas dentro de relaciones sociales complejas. Este artículo apela a repensar estas controversias y los esfuerzos para resolverlas.
Este artículo examina una controversia en el marco de un contrato, P&ID vs. Nigeria, donde se destacan asuntos de corrupción y falta de transparencia en este tipo de solución de controversias. Concluye que, dados los importantes intereses públicos en juego en el arbitraje entre inversionista y Estado, incluyendo la posibilidad de que un arbitraje pueda facilitar la transferencia corrupta de fondos públicos a actores privados, éstos no deberían ser conducidos en privado.
Este artículo se enfoca en presunciones desacreditadas en torno al equilibrio y proporcionalidad en el arbitraje de inversión internacional como una forma de reconciliar exitosamente los intereses contrapuestos y obligaciones conflictivas de protección que recaen sobre los Estados receptores.
El 19 de enero de 2021, los principales accionistas de un consorcio que controlaba una concesión multimillonaria en el aeropuerto internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, informaron al Presidente chileno, Sebastián Piñera, su intención de entablar una demanda ante el CIADI. Los inversores reclamaron que sufrieron pérdidas como consecuencia de las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia por el COVID-19.
Debido a su estructura, las empresas multinacionales (EMN) pueden recurrir a los AII para proteger a sus filiales. Al mismo tiempo, en virtud de los principios de segregación de las funciones corporativas y de responsabilidad limitada, las EMN pueden sacar ventaja de su estructura y evitar la responsabilidad por los daños ocasionados por sus filiales. Este artículo destaca la necesidad de un enfoque más equilibrado con respecto a los derechos y obligaciones de las EMN bajo los AII.
Los defensores del régimen de los tratados de inversión a menudo argumentan que éstos contribuyen a la ‘buena gobernanza’ en los Estados receptores. Este artículo, basado en un estudio empírico sobre las inversiones en minería en los páramos colombianos, argumenta que la concepción de la buena gobernanza promovida por el arbitraje de inversión está incompleta, y no aborda adecuadamente el papel de los tribunales para establecer sistemas de control y equilibrio de poder.
El 9 de noviembre de 2020, la Academia Asiática de Derecho Internacional celebró un evento virtual sobre el uso de la mediación en las controversias entre inversionistas y Estados. Este evento es uno de los varios que están siendo organizados por la CNUDMI paralelamente a las reuniones formales del Grupo de Trabajo III sobre la reforma de la solución de controversias entre inversionistas y Estados.
La sentencia C-252 de la Corte Constitucional de Colombia , por medio de la cual se realizó el control de constitucionalidad del TBI entre Colombia y Francia , ha suscitado interés por tratarse de la respuesta del juez constitucional a la forma como se incorporan las cláusulas sustanciales de protección a la inversión extranjera en el derecho interno.
El 1 de agosto de 2018, Costa de Marfil adoptó un nuevo código de inversiones[1]. Esta nueva legislación[2] presenta una variedad de innovaciones que van desde la revitalización del marco institucional a la reconfiguración de normas fiscales hasta nuevas obligaciones para los inversores.
La idea de investir a los árbitros designados por las partes con poderes para decidir en controversias entre inversionistas y Estados a través de laudos definitivos y vinculantes, lo cual fue heredado del arbitraje comercial y tradicionalmente aceptado como algo apropiado, actualmente está generando disconformidad entre los críticos.
Delegados del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI en el marco del proceso de reforma multilateral de la ISDS se reunirán nuevamente en Viena durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2019.
El Secretariado del CIADI ha publicado en agosto de 2016 el tercer documento de trabajo con enmiendas a su reglamento, basado en insumos de Estados miembros y el público.
El Consejo Europeo ha aprobado las directrices de negociación para la participación de la UE en las conversaciones para modernizar el TCE, confirmando su decisión en una reunión el 2 de julio de 2019.
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