Este artículo argumenta que los Estados africanos deberían utilizar las disposiciones de conformidad de manera proactiva e intencional para entablar reconvenciones contra los inversores que violan la legislación nacional promulgada para proteger los derechos humanos. Las disposiciones de conformidad autónomas pueden permitir que los Estados establezcan sus propias normas de responsabilidad empresarial aún cuando el derecho internacional de los derechos humanos —y los árbitros que lo interpretan— se queden atrás.
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta para exigir que las empresas de la UE conduzcan procesos de “diligencia debida” en relación con su impacto en el medio ambiente y los derechos humanos. También se exigiría que las estrategias de negocios de algunas empresas se encuentren alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. La directiva también se extiende a las subsidiarias de las empresas y a las cadenas de valor.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a Los Derechos Humanos celebró su séptimo período de sesiones para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Si bien se ha logrado cierto progreso, importantes desafíos aún arrojan nubes oscuras sobre el futuro de este importante proceso.
El 27 de julio de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas publicó su Informe sobre los AII compatibles con los Derechos Humanos de 2021.
Este artículo se enfoca en presunciones desacreditadas en torno al equilibrio y proporcionalidad en el arbitraje de inversión internacional como una forma de reconciliar exitosamente los intereses contrapuestos y obligaciones conflictivas de protección que recaen sobre los Estados receptores.
Recientemente concluyó la sexta ronda de negociaciones del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Este artículo se basa en el paralelismo entre los asuntos planteados durante estas negociaciones y aquellos que han sido el foco de las actuales conversaciones sobre la reforma del arbitraje de inversiones.
Hay una serie de esfuerzos desarrollándose en múltiples niveles —nacional, bilateral, regional y multilateral— para reformar el régimen de AII. Estos esfuerzos de reforma se están llevando a cabo paralelamente a los desarrollos en otras áreas de gobernanza internacional en materia de inversiones, algunos de los cuales han avanzado rápidamente durante el año pasado, incluidos los debates estructurados sobre facilitación de las inversiones en la OMC, así como también los esfuerzos en el contexto de la ONU para elaborar un tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. La Conferencia de Alto Nivel sobre AII de la UNCTAD evaluó el progreso alcanzado hasta la fecha desde el lanzamiento de las 10 Opciones para la Fase 2 de la Reforma de AII, observando las tendencias a través de múltiples áreas de gobernanza internacional en materia de inversiones, así como a lo largo de todas las regiones del mundo. Este artículo de ITN resume los aportes del evento de 2019 y las consideraciones para la Fase 2.
La decisión de 2016 sobre la reconvención de Argentina en el caso Urbaser fue un recordatorio frustrante: el régimen jurídico internacional tal como luce actualmente no resulta suficiente para hacer responsables a las empresas por violaciones de derechos humanos. Los esfuerzos ya están en marcha en el contexto de la ONU para ayudar a superar este desafío, pero la eficacia del tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos para reconciliar el régimen del derecho de las inversiones con el derecho de los derechos humanos dependerá en gran medida de su diseño. También dependerá de qué tratamiento le brinden los decisores con respecto a otros tratados, entre otros factores. Este artículo de ITN brinda información actualizada sobre el status de las negociaciones de este tratado vinculante, en base a las conversaciones de octubre de 2019 en Ginebra. Destaca consideraciones importantes para los negociadores, a partir de las lecciones aprendidas del derecho internacional de las inversiones y de otras áreas relacionadas.
Del 25 al 27 de noviembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos celebró el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
El pasado julio, la presidencia del grupo de trabajo encargado de negociar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos circuló un proyecto actualizado para su consideración durante la quinta ronda de negociaciones, que será celebrada del 14 al 18 de octubre de 2019 en Ginebra. Este documento presenta una serie de innovaciones, incluyendo una extensión del alcance del tratado más allá de las organizaciones transnacionales para incluir a todas las empresas comerciales, junto con la gran necesidad de aportar mayor claridad sobre la manera en que el tratado podría interactuar con la amplia gama de acuerdos de comercio e inversión ya en vigencia. Carlos López describe estas innovaciones en detalle, mostrando sus diferencias con respecto al “borrador cero” y explica cómo estas podrían afectar las negociaciones venideras.
ÁLVAREZ Y MARÍN CORPORACIÓN S.A., BARTUS VAN NOORDENNE, CORNELIS WILLEM VAN NOORDENNE, ESTUDIOS TRIBUTARIOS AP S.A. Y STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ANBADI VS. LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CASO DEL CIADI NO. ARB/15/14
Los argumentos presentados por un amicus curiae (un «amigo de la corte») se han vuelto cada vez más comunes en el arbitraje de inversiones. Muchos de estos argumentos se refieren a derechos sociales reconocidos internacionalmente, como el derecho al agua o los alimentos. Este artículo considera las condiciones restrictivas de la admisión de amici curiae, la referencia frecuente a temas de derechos sociales en los informes de amici y los desafíos en la presentación de estos argumentos de derechos sociales. La autora propone posibles acciones que los amici y los Estados pueden tomar para hacer que sus argumentos de derechos sociales sean más efectivos en el contexto de una ley de inversiones.
La RSE se refiere a las reglas y prácticas que las empresas siguen voluntariamente para limitar las externalidades negativas sociales, ambientales y de otra índole causadas por sus actividades. Existe una tendencia a incorporar estándares de RSE en los tratados de inversión. ¿Podrían ser útiles las cláusulas de RSE para consolidar las obligaciones exigibles de los inversores y servir de base para demandas reconvencionales de los Estados?
Durante la semana del 15 al 19 de octubre de 2018, tuvo lugar la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a los Derechos Humanos en Ginebra.
En julio de 2018, el Embajador ecuatoriano lanzó el borrador cero de uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes del último tiempo. ¿Cómo se desempeña el borrador para cubrir las altas expectativas y necesidades expresadas por la comunidad internacional y especialmente por los que necesitan justicia y reparación?
La cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los Derechos Humanos tendrá lugar del 15 al 19 de octubre de 2018 en Room XX del Palais des Nations, en Ginebra.
Se deben proveer reparaciones significativas y efectivas a aquellos perjudicados por abusos a los derechos humanos relacionados con negocios. Un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas está trabajando para cerrar las brechas entre las partes interesadas y negociar un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Este libro analiza las inversiones agrarias a gran escala para fines agrícolas en los países menos desarrollados de África desde una perspectiva jurídica y económica.
Este libro brinda un análisis comprehensivo del régimen del derecho internacional de las inversiones y las actuales prácticas de tratado en África desde una perspectiva mundial, regional y nacional.
Este libro examina la interrelación entre los derechos humanos y el derecho internacional de las inversiones y discute si y cómo los argumentos de defensa de los derechos humanos pueden ser presentados en el transcurso de procedimientos arbitrales basados en tratados de inversión.
Los Estados anfitriones enfrentan el desafío de proteger a sus ciudadanos de violaciones de derechos humanos causadas por multinacionales. Este artículo explica las bases de las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de derechos humanos y cómo inversores extranjeros pueden ser responsabilizados.
States’ regulatory powers are the rule, and investors’ rights under international investment law are the exception. Or is it the other way around? Book review of Public Purpose in International Law.
En este libro se analizan los vínculos entre el derecho de las inversiones y otros sub-campos del derecho internacional, incluyendo la legislación sobre conflictos armados, derechos humanos, desarrollo sostenible, comercio, desarrollo y el derecho de la UE.
The inaugural session of the Open-ended Intergovernmental Working Group for the Elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises (TNCOBEs) with respect to Human Rights (the Working Group) marks the beginning of a process to negotiate a binding treaty on business and human rights.
Desde el 6 al 10 de julio de 2015, un grupo de trabajo de las Naciones Unidas* celebró su primera reunión en Ginebra, Suiza, para discutir un instrumento jurídico sobre derechos humanos y empresas trasnacionales.
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