Se espera a menudo que el arbitraje del tratados de inversión se centre en cuestiones técnicas. Sin embargo, en la práctica, las discusiones y los procesos políticos nacionales pueden tener un gran impacto en las disputas sobre inversiones. Los autores describen la variedad de conductas estatales caracterizadas por los tribunales como motivadas o influenciadas políticamente. También examinan las diferentes formas en que los tribunales arbitrales han respondido a la conducta del Estado anfitrión como resultado de consideraciones políticas internas.
Las discusiones de abril de 2019 sobre la reforma multilateral de la ISDS en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI debían abordar una serie de preguntas que surgieron en la Fase 2 del proceso. Este artículo desglosa por qué el alcance de estas discusiones debería ampliarse para incluir las importantes preocupaciones planteadas por los países en desarrollo, y describe tres temas centrales que no deben ignorarse. Estos implican el derecho a la participación de las partes afectadas; el Estado de derecho y la jurisdicción de los tribunales nacionales; y el enfriamiento de la autoridad y la responsabilidad de los Estados soberanos para gobernar.
El arbitraje entre inversor y Estado ha demostrado repetidamente ser poco efectivo para abordar los daños ambientales que sufren los Estados receptores como resultado de las actividades de inversión. Este artículo examina qué lecciones se pueden aprender de las convenciones internacionales de responsabilidad civil, que están diseñadas específicamente para garantizar la indemnización de las víctimas en casos de daños ambientales. Luego, la autora explora qué principios de estas convenciones podrían adaptarse para su uso en tratados de inversión.
Los argumentos presentados por un amicus curiae (un «amigo de la corte») se han vuelto cada vez más comunes en el arbitraje de inversiones. Muchos de estos argumentos se refieren a derechos sociales reconocidos internacionalmente, como el derecho al agua o los alimentos. Este artículo considera las condiciones restrictivas de la admisión de amici curiae, la referencia frecuente a temas de derechos sociales en los informes de amici y los desafíos en la presentación de estos argumentos de derechos sociales. La autora propone posibles acciones que los amici y los Estados pueden tomar para hacer que sus argumentos de derechos sociales sean más efectivos en el contexto de una ley de inversiones.
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