Este artículo examina una controversia en el marco de un contrato, P&ID vs. Nigeria, donde se destacan asuntos de corrupción y falta de transparencia en este tipo de solución de controversias. Concluye que, dados los importantes intereses públicos en juego en el arbitraje entre inversionista y Estado, incluyendo la posibilidad de que un arbitraje pueda facilitar la transferencia corrupta de fondos públicos a actores privados, éstos no deberían ser conducidos en privado.
Lao Holdings N.V. vs. República Democrática Popular Lao, Caso del CIADI No. ARB(AF)/12/6 y Sanum Investments Limited vs. República Democrática Popular Lao, CNUDMI, Caso de la CPA No. 2013-13
Tratar la corrupción es un paso fundamental para alcanzar las metas establecidas en el ODS 16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” y para lograr los ODS en general. Los tratados de inversión de Canadá podrían jugar un papel muy valioso para abordar la corrupción. Este artículo se basa en ejemplos tales como el programa de Acuerdos de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (FIPA, por sus siglas en inglés) de Canadá y analiza algunas de las asimetrías inherentes del actual régimen de AII. El autor analiza el lenguaje utilizado en los tratados más recientes de Canadá, tales como el AECG y los APPI con Moldova y Kosovo, y las lecciones aprendidas de estos y otros acuerdos.
