El artículo sostiene que el seguro contra riesgos políticos (PRI, por sus siglas en inglés) es una herramienta poderosa, aunque a menudo pasada por alto, para moldear los flujos de inversión internacionales y promover objetivos de política pública. A diferencia de los tratados de inversión, que se centran principalmente en proteger las inversiones existentes, el PRI incentiva nuevas inversiones al mitigar riesgos políticos como la expropiación o las pérdidas derivadas de la guerra. El autor destaca cómo el PRI ya se está utilizando para apoyar la reconstrucción de Ucrania, diversificar las cadenas de suministro y permitir canjes de deuda por naturaleza. Sin embargo, el autor también critica el régimen de inversión actual por ser inequitativo, argumentando que está sesgado hacia los países desarrollados que se benefician de los subsidios del PRI, mientras que los países en desarrollo a menudo soportan los costos a través de reclamos y reembolsos de los inversores. El artículo concluye pidiendo que se preste mayor atención al PRI como mecanismo para reformar el régimen de inversión internacional, en particular en áreas como la transición energética, donde puede ayudar a canalizar el capital hacia proyectos de energía renovable.
Los tratados internacionales de inversión, si bien tienen por objeto proteger a los inversores, corren el riesgo de socavar una transición justa y equitativa hacia una economía baja en carbono. Al priorizar los derechos de los inversores por encima de las necesidades de las comunidades afectadas por el cambio climático, estos tratados pueden obstaculizar la capacidad de los Estados para promulgar políticas climáticas necesarias y hacer caso omiso de los impactos sociales más amplios de los proyectos de inversión. El autor pide una reinterpretación de la gobernanza de las inversiones que vaya más allá de la protección de los inversores y adopte un sistema que priorice los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la distribución equitativa de la carga en la transición hacia una economía baja en carbono.
En este artículo se examina la compleja relación entre las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el desarrollo sostenible y el derecho internacional de las inversiones. Las ZEE, áreas geográficamente definidas con regulaciones económicas únicas, suelen promoverse como herramientas para atraer inversión extranjera directa y fomentar el crecimiento económico en los países en desarrollo. Sin embargo, el autor destaca los posibles efectos secundarios negativos de las ZEE, como el daño ambiental y la reducción del espacio de políticas para los Estados anfitriones. El artículo defiende la importancia de integrar los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en los marcos de las ZEE para mitigar estos riesgos y promover el desarrollo sostenible.
A pesar de una ola de retiros del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) debido a su efecto paralizante sobre la acción climática, el tratado sigue generando desafíos legales para los Estados que buscan abandonar los combustibles fósiles. Este artículo destaca esta amenaza constante al resumir los casos recientes de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) presentados contra Estados en virtud del TCE, principalmente por empresas de combustibles fósiles. Estos casos, incluidos los presentados contra Alemania, Eslovenia, Rumania, Irlanda, Dinamarca, los Países Bajos y Polonia, cuestionan una serie de medidas gubernamentales como la eliminación gradual del carbón, las prohibiciones al fracking y los impuestos a las ganancias extraordinarias. Al describir estas disputas específicas, el artículo demuestra cómo el mecanismo ISDS del TCE permite a las empresas impugnar las políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono, obligando a los Estados a entablar costosas batallas legales y potencialmente obstaculizando su esfuerzo por la transición energética.
El artículo examina el desafío de la coherencia entre el derecho internacional de las inversiones y los derechos laborales, utilizando a Egipto como estudio de caso. En el artículo se analiza la forma en que las leyes nacionales de inversión de Egipto y los acuerdos internacionales de inversión (AII) abordan las cuestiones laborales. Si bien la Ley de Inversión de Egipto vincula la inversión con la creación de empleo, no aborda adecuadamente los derechos laborales en sentido amplio. La mayoría de los AII más antiguos de Egipto, en particular los tratados bilaterales de inversión, descuidan los derechos laborales, lo que puede conducir a un «enfriamiento» regulatorio y a la creación de “paraísos de violaciones de las normas laborales”. El documento pide reformas para alinear estos tratados con las normas modernas, haciendo hincapié en las responsabilidades de los Estados y los inversores de proteger los derechos laborales y el desarrollo sostenible.
La evaluación de los daños y perjuicios es quizás la cuestión más controvertida de todas las cubiertas por el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI (WGIII, por sus siglas […]
La Importancia de la Causalidad en el Arbitraje de los Tratados de Inversión La causalidad es un componente esencial de la responsabilidad, ya sea legal o moral. Por lo general, […]
La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebró su 9ª Conferencia Anual sobre Tratados de Inversión “Apoyar la Transición Energética Mundial: Métodos para alinear […]
Egipto es considerado un modelo excelente de un país que históricamente ha contenido múltiples identidades y que siempre ha intentado alcanzar el equilibrio y la coherencia en su política externa, […]
Cada vez son más los responsables de políticas preocupados por las leyes de inversión de sus países, muchas de las cuales fueron reformuladas entre 1980 y 2010, a menudo de forma que se encuentran más alineadas con AII obsoletos. Como resultado, dichas leyes suponen los mismos riesgos jurídicos y cuestiones políticas que los AII antiguos. En el pasado, fueron rediseñadas para hacer frente a nuevos retos y oportunidades, y pueden rediseñarse nuevamente como herramientas poderosas para los Gobiernos que busquen alinear sus políticas de inversión con los objetivos de desarrollo sostenible u otros objetivos de políticas. El presente artículo presenta dos recomendaciones para los responsables de políticas preocupados por las leyes de inversión que pretenden replantearlas con el fin de abordar los retos que enfrentan sus países, el mismo se basa en el reciente informe del IISD sobre las leyes nacionales de inversión.
A menudo se considera que las AII son neutros desde el punto de vista del género, lo que suscita debates sobre su idoneidad para abordar la desigualdad de género. Este artículo promueve una perspectiva matizada, explorando la intrincada relación entre los AII y la igualdad de género en el contexto más amplio del desarrollo sostenible, ya que, en múltiples ocasiones, estas cuestiones podrían estar entrelazadas. Este artículo procura explorar la idoneidad de los AII como herramienta para promover la igualdad de género.
En enero de 2024 entrará en vigor un nuevo sistema de normas tributarias internacionales—el impuesto mínimo global—. Estas normas afectarán a la continua utilidad de algunos incentivos fiscales como herramientas de promoción de las inversiones, al garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen un tipo impositivo mínimo efectivo de al menos el 15 % independientemente de dónde operen. es importante que los Gobiernos se replanteen sus políticas generales en torno a la promoción de las inversiones y el uso de incentivos fiscales, conciliándolas con los cambios en el panorama general de inversión, incluidas las nuevas normas tributarias internacionales, las cambiantes cadenas de valor mundiales y los cambios hacia procesos de producción más sostenibles. El presente artículo destaca las cinco principales preguntas planteadas en el documento de P&R recientemente publicado por el IISD destinado a brindar una actualización sobre la evolución de los incentivos fiscales como herramienta de promoción de las inversiones para la comunidad en esta materia.
Los debates del Grupo de Trabajo III (GTIII) de la CNUDMI han estado en curso por 6 años. Mientras tanto, los Estados continúan enfrentando demandas de ISDS, exponiéndose al riesgo de incurrir en importantes gastos y responsabilidades legales, que suponen una carga para los limitados presupuestos estatales y, como se ha debatido ampliamente, pueden frustrar de forma indebida e inconveniente (o trasladar los costos de) las acciones jurídicas y políticas de interés público. Esto subraya la importancia de los debates en curso sobre otras medidas que los Estados pueden adoptar para hacer frente a los riesgos relacionados con la ISDS mientras avanzan las negociaciones del GTIII. Este informe resume el debate del Panel sobre este tema en una mesa redonda celebrada paralelamente al 46º período de sesiones del GTIII. El Panel, moderado por Simon Batifort y con la participación de Lise Johnson, Jaroslav Kudrna, Ladan Mehranvar, Josef Ostřanský y Daniel Uribe, examinó las diversas medidas que algunos Estados han adoptado para gestionar sus tratados de inversión, incluida la terminación, las enmiendas, las declaraciones interpretativas conjuntas y unilaterales y el desarrollo de modelos de tratados. También se abordaron los motivos que han llevado a adoptar estas medidas y los obstáculos que pueden encontrar los Estados a la hora de gestionar sus tratados de inversión.
Recientemente, los Gobiernos, las organizaciones internacionales y los inversores en Asia Central han procurado tomar las medidas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible. Si bien los países de Asia Central tienen el beneficio de contar con grandes mercados nacionales, mano de obra relativamente barata y abundante y gran riqueza en materias primas, esta región también es muy vulnerable al cambio climático, cuyos recursos alimentarios, hídricos y energéticos son particularmente susceptibles a los retos climáticos. Además, la región aún posee ambientes regulatorios en materia de inversión que no están armonizados y que aún no se encuentran plenamente alineados con la agenda de desarrollo sostenible. A pesar de sus intentos positivos, los países de Asia Central enfrentan diferentes niveles y tipos de desafíos en materia de desarrollo sostenible considerando las diversas preferencias de políticas internas y los contextos nacionales. El presente artículo muestra que las lagunas de desarrollo sostenible en los TBI de Asia Central son sustanciales, y se necesitan esfuerzos significativos para garantizar que se incluya algo más que declaraciones preambulares para superar los retos en la región.
Aunque la protección y la liberalización de las inversiones han sido características comunes de los AII, las mismas deben complementarse con la promoción y la facilitación a nivel local para garantizar que las economías receptoras se encuentren lo suficientemente bien comercializadas como para atraer inversiones y para que se aborden y minimicen los obstáculos regulatorios y administrativos que enfrentan los inversores en sus operaciones cotidianas. Para garantizar que sus economías sean competitivas, durante algún tiempo los países han estado desarrollando y aplicando de manera autónoma medidas de facilitación a nivel local. Sin embargo, actualmente no existe una definición universalmente aceptada de lo que abarca la facilitación de las inversiones y aun no se ha configurado ningún marco multilateral para regirla. A pesar de estas dificultades, la facilitación de las inversiones está emergiendo cada vez más como un área esencial para la cooperación internacional y la formulación de políticas. En consecuencia, este artículo examina los recientes avances en la formulación de políticas sobre la facilitación de las inversiones en el ámbito internacional. Luego de realizar un breve recuento de los esfuerzos sobre la elaboración de normas a nivel bilateral y regional sobre esta materia, concluye con una sección final donde se resumen los esfuerzos de los miembros del G20 para crear normas sobre la facilitación de las inversiones y se describen las negociaciones recientemente concluidas entre un grupo de miembros de la OMC sobre un acuerdo de facilitación de las inversiones.
En agosto de 2022, un tribunal en el caso Lone Star vs. Corea dictó su decisión, reiterando el principio de que las propias acciones contributivas de un inversor pueden romper la cadena de causalidad y reducir los daños otorgados. Sin embargo, la decisión destaca la poca atención que se presta en el derecho internacional a la cuestión de la causalidad, especialmente cuando se trata de formular normas comunes que rijan la causalidad, incluida la conducta contributiva del inversor. El enfoque del tribunal en este caso también recuerda el problema recurrente en el marco del actual derecho internacional de las inversiones, que es, que los tribunales rara vez han aplicado una serie de normas comunes al momento de evaluar la cuestión de la causalidad. Este artículo apela a que se preste mayor atención al análisis de la causalidad tanto a nivel de las fuentes primarias como en los comentarios académicos.
Los Estados Miembro de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés) adoptaron el Protocolo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en febrero de 2023 durante la 36ª Cumbre de la Unión Africana en Addis Ababa, Etiopía. Uno de los principales objetivos, en consonancia con las aspiraciones de la Agenda 2063, es promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible respaldado por un mercado continental que facilite la libre circulación de personas, el capital, los bienes y los servicios. El protocolo procura promover el acceso al conocimiento y la transferencia de tecnología haciendo hincapié en la cooperación y la importancia de utilizar las flexibilidades previstas en los regímenes internacionales existentes en materia de derechos de propiedad intelectual. Promover la producción local bajo el Protocolo del AfCFTA brinda una vía para alcanzar sistemas sanitarios más autosuficientes, sostenibles y resilientes. Sin embargo, las medidas que promueven la producción local a menudo se ven limitadas por los tratados de comercio e inversión, que también protegen los derechos de propiedad intelectual. El presente artículo pretende describir las medidas de política que los Estados pueden adoptar sin abandonar sus compromisos en virtud de dichos tratados.
Introducción El Protocolo sobre Inversión (POI o Protocolo) del Acuerdo por cual se establece la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés), fue adoptado por […]
El debate académico sobre el derecho internacional de las inversiones se ha caracterizado por una división del derecho internacional de las inversiones extranjeras en dos subcampos, uno que se especializa […]
1. Introducción El enfoque de la India a la negociación de los acuerdos internacionales de inversión (AII) últimamente ha sido objeto de gran escrutinio. A pesar de haber firmado su […]
Introducción A finales de marzo de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó una sentencia muy esperada sobre el fondo del caso Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Irán […]
1. Retos para el Desarrollo de la Industria de Baterías y Vehículos Eléctricos de Indonesia Los abundantes recursos de níquel de Indonesia la posicionan como un actor clave con gran […]
En este artículo, las autoras destacan una sinergia inesperada entre el derecho internacional de las inversiones y la represión estatal que generalmente ha escapado al escrutinio público. Discuten el estándar de protección y seguridad plenas (PSP), que es una cláusula común de los tratados bilaterales de inversión. Además, argumentan que a pesar de que los abogados especializados en inversión internacional han defendido este régimen alegando que este estándar limita el poder arbitrario y autoritario del Estado, los tribunales de inversión lo han utilizado para exigir a los Estados que empleen la violencia represiva para proteger las inversiones. Estas exigencias se han planteado incluso en condiciones de agitación social y escasez de recursos y cuando los mismos inversores han contribuido a la violencia directa o indirectamente. Por esta razón, las autoras argumentan que los abogados de inversión deberían replantearse la relación entre este campo y la violencia estatal, y que quienes se preocupan por el papel de la policía en la sociedad deberían prestar más atención al derecho internacional de las inversiones.
Este artículo explora las negociaciones en el Grupo de Trabajo III (WGIII, por sus siglas en inglés) de la CNUDMI sobre la reforma del sistema de ISDS que abordan la controvertida disposición sobre la regulación de la dualidad de funciones de los árbitros. Mediante una revisión detallada de las dinámicas de negociación de varios países, sus posiciones y tácticas, y del papel que desempeñó el Presidente del WG en el 44º período de sesiones, el autor evalúa qué herramientas de negociación pueden o no brindar frutos en el contexto de las complejas negociaciones entre múltiples partes, tales como las del Grupo de Trabajo III.
El 16 de diciembre de 2022, los co-coordinadores de los Debates Estructurados de la OMC sobre la Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo circularon un nuevo texto de negociación entre los miembros de la OMC, denominado Proyecto de Acuerdo FID (“Proyecto de Acuerdo FID”). A lo largo de los últimos 5 años de debate, en repetidas ocasiones, los miembros de la OMC han declarado que el objetivo de su tarea no es promover la facilitación de las inversiones como tal sino, en cambio, promover la inversión para el desarrollo y, específicamente, para el desarrollo sostenible. Sin embargo, el proyecto de Acuerdo FID establece un marco de obligaciones con respecto a la facilitación que rige toda la IED, independientemente de si tiende a promover el desarrollo sostenible o no. Este artículo trata sobre cómo este Proyecto aborda la cuestión del desarrollo sostenible y la inversión sostenible.
Introducción La relación entre el derecho internacional de las inversiones (DII) y el desarrollo sostenible es compleja. Algunos autores alegan que los AII no constituyen un impedimento estructural para el […]
En los últimos años, ha proliferado el “control” de las propuestas de entrada de inversión extranjera[2]. Más países de todo el mundo han instituido procesos de revisión de dichas propuestas, […]
Introducción En agosto del 2022, las inundaciones en Pakistán provocadas por la lluvia, que los científicos vinculan con el cambio climático, afectaron a 33 millones de personas, y tomaron la […]
Se sabe que los AII plantean diversos desafíos para los Estados, que varían desde costosos arbitrajes hasta demoras o incluso el abandono de la acción regulatoria ante la amenaza de un posible litigio. Estos costos importantes de los AII plantean la cuestión de si los tratados ofrecen ventajas proporcionales a los Estados que los suscriben. Uno de los principales efectos positivos que se atribuyen a los AII es que mejoran las condiciones de gobernanza (el estado de derecho) en los países anfitriones. Es en este punto que la experiencia de Singapur es especialmente instructiva. Su experiencia, tal como se presenta en este ensayo, pone de manifiesto los desafíos que los AII pueden plantear incluso en los mejores entornos de gobernanza y, a su vez, plantea cuestiones sobre la medida en que los tratados se ajustan a los objetivos que los formuladores de políticas y sus defensores establecen para ellos.
Este artículo resume los debates relativos a la determinación de la indemnización y los daños y perjuicios en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre la Reforma de la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS) y presenta una forma eficaz y directa de reformar algunos de los aspectos más problemáticos de la práctica de la ISDS. Este ensayo propone limitar el uso de las técnicas de valoración basada en los ingresos (flujo de caja descontado) en determinadas circunstancias. Esta propuesta de reforma alinearía la práctica de ISDS con el derecho consuetudinario internacional, mejoraría la corrección y la coherencia en la toma de decisiones arbitrales y reduciría los costos de los procedimientos.
Las actividades relativas a la inversión extranjera de las empresas multinacionales, en ocasiones, pueden llevar a violaciones de derechos humanos. Se sabe que las vías de recurso legal actualmente disponibles para las poblaciones afectadas por estas violaciones son insuficientes. Este artículo analiza hasta qué punto las Reglas de La Haya sobre el Arbitraje que involucra a Empresas y Derechos Humanos puede ofrecer ventajas en comparación con los medios de reparación tradicionales.
Esta entrevista con Wolfgang Alschner, Profesor Adjunto de la Universidad de Ottawa, explora su nuevo libro sobre el arbitraje de inversiones y la reforma impulsada por los Estados. Alschner argumenta que los acuerdos internacionales de inversión nuevos no están resolviendo los problemas que plantean sus predecesores ya que están siendo interpretados de la misma forma que los tratados antiguos, reproduciendo, por consiguiente, viejos resultados. Su libro apela a un cambio en el rumbo del régimen de las inversiones, donde los tratados nuevos informen la interpretación de los antiguos y no viceversa.
Este artículo examina algunas de las cuestiones relativas a la participación de grupos empresariales en los tres principales procesos de reforma de políticas. Identifica tres principios generales que pueden ayudar a garantizar que las partes interesadas del sector privado puedan participar en los procesos de gobernanza internacional de manera más justa y efectiva.
Este artículo analiza dos disposiciones clave que plantean un riesgo de arbitrajes costosos para los Estados pero que a menudo son omitidos en los procesos de reforma de los tratados de inversión. Procura brindar a los negociadores de estos tratados recomendaciones sobre cómo redactar mejor estas cláusulas para minimizar las chances de una interpretación errónea por los tribunales arbitrales.
Este artículo explora el significado del término “infundado/a” tal como lo entienden los Gobiernos que participan en el proceso reforma de la ISDS del WGIII en el marco de la CNUDMI. Aquí se argumenta que los Estados participantes se han enfocado en los aspectos procesales del problema al identificar la forma de limitar las demandas infundadas sin emprender la labor sustantiva de definir este tipo de demandas.
Este artículo alega que el éxito de los esfuerzos para modernizar el TCE y evitar que el tratado obstaculice los esfuerzos para una transición energética limpia fracasarán a menos que los Estados que participan en el proceso amplíen su enfoque a otros AII de los cuales son parte.
Este artículo presenta el contexto histórico de la transformación del orden jurídico transnacional que rige la minería en Colombia y que ha provocado un creciente número de conflictos socio-políticos, lo cual ha suscitado demandas de ISDS.
Este artículo argumenta que los Estados africanos deberían utilizar las disposiciones de conformidad de manera proactiva e intencional para entablar reconvenciones contra los inversores que violan la legislación nacional promulgada para proteger los derechos humanos. Las disposiciones de conformidad autónomas pueden permitir que los Estados establezcan sus propias normas de responsabilidad empresarial aún cuando el derecho internacional de los derechos humanos —y los árbitros que lo interpretan— se queden atrás.
Este artículo ofrece una evaluación inicial sobre el riesgo de arbitrajes basados en el TCE que se desprende de los compromisos de la COP 26 debido a su impacto en las inversiones relativas a los combustibles fósiles en las partes contratantes del TCE. También analiza cómo estos impactos se traducirían en demandas de arbitraje entre inversionistas y Estados, tomando en cuenta los casos de ISDS iniciados en el pasado y en el presente que involucran al sector energético.
La importancia de vincular el desarrollo sostenible con la IED ha atraído creciente atención durante los últimos años y cada vez más AII incluyen disposiciones sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, la arquitectura y funcionamiento del régimen de inversión tornan difícil la aplicación de estas normas.
La decisión del caso Eco Oro vs. Colombia emitida recientemente revela muchos de los problemas relacionados con el excepcionalismo de políticas. En este sentido, sugiere que los Estados no pueden, al poblar sus tratados de inversión con excepciones y exenciones, evitar simplemente los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el sistema de tratados de inversión.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a Los Derechos Humanos celebró su séptimo período de sesiones para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Si bien se ha logrado cierto progreso, importantes desafíos aún arrojan nubes oscuras sobre el futuro de este importante proceso.
El aumento de los montos de compensación concedidos en los laudos arbitrales en virtud de los tratados internacionales de inversión está suscitando un mayor escrutinio por los métodos que utilizan los tribunales internacionales de inversión para otorgar a sumas —en ocasiones asombrosas. A este respecto, surge una pregunta: ¿Cómo se están haciendo las cosas en otros foros? Al comparar estos enfoques con los utilizados por los tribunales internacionales de inversión, este artículo procura extraer algunas consideraciones importantes sobre políticas para la reforma de los principios de compensación.
Les discussions sur une éventuelle décision sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) visant à accélérer la production et la distribution équitable de vaccins et de médicaments se poursuivent, malgré le report de la 12ème conférence ministérielle de l’OMC. En l’absence de coordination entre une décision sur les ADPIC et les obligations des membres de l’OMC au titre des AII, ces obligations pourraient réduire significativement l’efficacité de toute décision.
De todos los combustibles de este tipo, el carbón tiene el mayor impacto climático. Sin embargo, las decisiones soberanas para eliminar el carbón inevitablemente afectan la inversión de los operadores de las centrales eléctricas de carbón, lo cual con frecuencia genera controversias que involucran una compensación por la pérdida de ganancias.
Este artículo examina el grado en el cual el Tratado sobre la Carta de la Energía puede ser considerado una herramienta para proteger las energías renovables, y de esta manera ayudar a la transición energética. Analiza datos sobre los casos de ISDS en el marco del TCE relacionados con inversiones en energías renovables. Este artículo concluye que los defensores del TCE sobrevaloran el potencial de su papel positivo en la transición hacia las energías renovables.
Este artículo investiga el impacto de una tasa impositiva mínima global en el uso de los incentivos fiscales en los países en desarrollo y qué acuerdos transitorios son necesarios para proteger a los países frente al traslado de beneficios fiscales.
Entrevista con Esmé Shirlow sobre su nuevo libro, Juzgando en la Interfaz: Deferencia a la autoridad estatal de toma de decisiones en la resolución internacional.
Este artículo discute la decisión del Grupo de Expertos, establecido bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur, donde concluyó que Corea del Sur se encuentra en violación del capítulo de desarrollo sostenible del ALC.
Este artículo realiza un resumen de los debates del WGIII de la CNUDMI sobre la reforma de la ISDS en torno a la regulación de la financiación por terceros.
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