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El “Brexit” y asuntos conflictivos complican las negociaciones del ATCI; oposición pública continúa
La 14ta ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) fue celebrada en Bruselas del 11 al 15 de julio de 2016. Los jefes de negociación de la Unión Europea, Ignacio Bercero, y de los Estados Unidos, Dan Mullaney, admitieron la necesidad de superar importantes diferencias en cuanto a servicios y contratación, pese al progreso en la eliminación de barreras arancelarias y la cooperación regulatoria.
Otro factor que está retrasando las negociaciones es el voto del 23 de junio de Gran Bretaña para salir de la Unión Europea. Mullaney enfatizó la necesidad de meditar sobre esto: “Imaginémonos si, por ejemplo, los Estados Unidos dijeran; ‘bueno, quizás el ATCI no se aplique a California’”. Como la segunda economía más importante de Europa, el Reino Unido constituye el mayor mercado del mundo para los servicios de Estados Unidos y el 25 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea.
Tal como lo informó The Guardian el 20 de julio, algunos funcionarios de Estados Unidos sugieren que se realice un “trato potencialmente rápido de los acuerdos bilaterales de comercio e inversión” con el Reino Unido ni bien se retire formalmente de la Unión Europea. Esto serviría para consolidar las relaciones económicas británico-americanas así como para acelerar las negociaciones del ATCI.
La oposición de la sociedad civil al ATCI persiste en varios frentes. Fuera de las puertas cerradas de la decimocuarta ronda de negociaciones, 40 manifestantes fueron escoltados por la policía de Bruselas después de “atacar” a funcionarios con confeti. Encuestas de opinión en Alemania y Luxemburgo indican que la población de ambos países piensan que el acuerdo traerá más desventajas que ventajas. Las organizaciones de la sociedad civil de ambos países y otros 18 Estados de la UE firmaron una carta dirigida al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, exigiendo retirar, de manera inmediata, el mandato de la Comisión Europea para negociar el ATCI.
La falta de transparencia y de oportunidades para la participación pública en las negociaciones es una de las razones de dicha oposición. El 2 de mayo, Greenpeace de los Países Bajos filtró varios documentos de negociación, e instó a un debate antes de proseguir con cualquier negociación. La Comisión Europea reafirmó su compromiso con la transparencia al publicar nueve de sus propuestas durante la 14ta ronda.
En febrero los jefes de negociación de la UE y de Estados Unidos habían anunciado su intención de elaborar un borrador consolidado para fines de julio. Al final de la 14ta ronda, Bercero afirmó que probablemente esto ocurrirá a fines de septiembre.
Agenda de negociación de la UE continuará pese al Brexit; MERCOSUR e Indonesia en vista
Pese a la incertidumbre en las negociaciones del ATCI, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que las mismas sobrevivirán a la salida de Gran Bretaña, y que se está urgiendo la conclusión de las negociaciones antes de que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, termine su mandato a principios de 2017. Malmström recordó que la Comisión Europea continuaría negociando el ATCI y otros acuerdos de inversión en nombre del Reino Unido como Estado miembro de la UE hasta que se formalice el Brexit.
Entre dichas negociaciones, se encuentran las de la UE con el MERCOSUR, las cuales se reanudaron el 23 de junio, y con Indonesia, lanzadas formalmente el 18 de julio. Se espera que las rondas de negociación con ambos socios tengan lugar en algún momento del segundo semestre. La 17ª ronda de negociaciones de un tratado de libre comercio con Japón está programada para septiembre de 2016 en Bruselas.
En el lanzamiento de las negociaciones con Indonesia, la Comisión recordó los acuerdos firmados recientemente con Singapur (2014) y Vietnam (2015), e indicó que los tratados con Estados Miembros de la Asociación de Naciones el Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) “servirán como ladrillos para un futuro acuerdo entre la UE y ASEAN, que constituye el objetivo final de la UE”.
Reino Unido hace cambios en las negociaciones sobre comercio e inversión para la era post-Brexit
El 8 de julio de 2016, Sajid Javid, ex Secretario de Comercio del Reino Unido, lanzó las conversaciones preliminares con Indiasobre una futura relación comercial entre ambos países ni bien Gran Bretaña salga formalmente de la Unión Europea. “Después del resultado del referéndum”, señaló Javid, “mi principal prioridad es la de garantizar que el Reino Unido posea las herramientas necesarias para continuar compitiendo en la escena mundial. Este es el motivo de mi presencia hoy en India para lanzar los primeros debates comerciales”.
Antes de ocupar un puesto diferente dentro del gobierno británico, el 14 de julio, Javid expresó la intención de dicho gobierno de aumentar su capacidad contratando a 300 miembros de personal, que incluyen negociadores comerciales, y de visitar a otros socios comerciales clave, tales como China, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
El Ministro de Inversión y Comercio británico, Lord Price, concluyó su primera visita oficial a China y Hong Kong el 11 de julio, donde también se dedicó a fortalecer sus relaciones de comercio e inversión. Dijo que se sentía optimista sobre el futuro y agregó que “un número de países ya han mostrado su interés en la idea de iniciar conversaciones comerciales con el Reino Unido”.
El mismo día, el Ministro de Hacienda, George Osborne, viajó a Nueva York para conversar con las principales figuras de Wall Street, y continuará con misiones en China y Singapur para discutir sobre temas de comercio e inversión. En una declaración, señaló que: “Gran Bretaña puede estar saliendo de la UE, pero no está renunciando al mundo. Seguirá siendo un modelo de libre comercio”.
La Ministro de Comercio canadiense, Chrystia Freeland, declaró a los medios que su equipo ha estado haciendo “intercambios técnicos” con el Reino Unido sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la Unión Europea, indicando que Gran Bretaña pretende seguir el consejo de Canadá de negociar un acuerdo de comercio e inversión con la Unión Europea post-Brexit. El AECG es el modelo preferido del Ministro David Davis para una relación post-Brexit con el bloque.
AECG será celebrado como un acuerdo mixto; la Comisión espera que su firma sea en octubre
El 5 de julio de 2016, la Comisión Europea propuso al Consejo que el AECG entre Canadá y la Unión Europea —acordado y firmado nuevamente en febrero de 2016— sea celebrado como un “acuerdo mixto”, lo cual requiere la rúbrica y ratificación de cada uno de los Estados miembros de la UE. Así, la Comisión espera “una firma rápida y aplicación provisional”. La rúbrica formal tendría lugar en la cumbre entre Canadá y la Unión Europea, a ser realizada en Bruselas a fines de octubre.
Esto sucedió después de que el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, presuntamente expresara lo contrario —que el AECG sería sometido a un procedimiento de aprobación simple que involucraría únicamente al Parlamento Europeo— incluso contra la preferencia del Presidente francés, François Hollande, de la Canciller alemana, Angela Merkel y de otros jefes de los Estados miembros de la UE.
La Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, aclaró que “el Tribunal de Justicia Europeo deberá clarificar, en un futuro próximo, la cuestión pendiente de la competencia de estos acuerdos comerciales. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Comisión considera que este Acuerdo entra en el ámbito de competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, la situación política en el Consejo es clara, y entendemos la necesidad de proponerlo como acuerdo ‘mixto’, para que se firme rápidamente”.
Nuevamente, elogió el Acuerdo ya que contiene un “nuevo sistema de tribunales de inversiones y refuerza las normas de protección de las inversiones”, lo cual representa “un importante paso hacia el objetivo último de la Unión Europea, que es el de establecer un tribunal de inversiones a escala mundial”.
Bulgaria and Rumania señalaron que vetarían el acuerdo porque Canadá no levantó el requisito de visado para sus ciudadanos. Anteriormente este año, el Parlamento holandés rechazó la aplicación provisional del acuerdo, y el Parlamento de Valonia belga se opone a su firma.
Socios del RCEP concluyen la 13ra ronda de negociación en Auckland; tres rondas más a realizarse en 2016
La 13ra ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) fue celebrada en Auckland, Nueva Zelanda, del 12 al 18 de junio de 2016.
El International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) informó que todos los países del RCEP han presentado sus ofertas iniciales para el comercio de bienes y servicios y listas iniciales sobre reservas en inversiones. Se espera que las negociaciones —con sus rondas programadas para agosto, octubre y diciembre— se extiendan más allá de la fecha límite de 2016.
En abril de 2016, Knowledge Ecology International filtró una versión del capítulo de inversión del 16 de octubre de 2015. El borrador contiene 14 artículos que cubren disposiciones habitualmente incluidas en los acuerdos de comercio e inversión, incluyendo el trato de nación más favorecida (NMF), nivel mínimo de trato y prohibición de requisitos de desempeño y expropiación. Los socios de negociación también pretenden crear un mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado.
El RCEP es un acuerdo mega-regional de comercio e inversión negociado desde 2012 entre Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda, al igual que el bloque de negociación de los Estados miembros de ASEAN: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los países participantes representan aproximadamente el 50 por ciento de la población mundial, 30 por ciento del PIB mundial y el 25 por ciento de las exportaciones mundiales.
India toma medidas para reformar su marco de políticas de inversión después de aprobar su nuevo modelo de TBI
India ha comenzado a enviar notificaciones formales para cancelar los tratados bilaterales de inversión (TBIs) con 57 países socios que ya han expirado y otros que vencerán en un futuro cercano.
Además de los 25 países con los cuales India posee TBIs cuya duración inicial expirará a partir de julio de 2017, India comenzó a proponer la firma conjunta de declaraciones interpretativas para aclarar las ambigüedades en los textos de los tratados, por ejemplo, con respecto a la definición de inversor e inversión y la exclusión de temas impositivos.
Estas valientes medidas se tomaron después de la aprobación del nuevo modelo de TBI de India en diciembre de 2015, el cual reduce el alcance del estándar de trato de los inversores (evitando usar el término “trato justo y equitativo”), excluye la cláusula de NMF e incluye obligaciones del inversor. Si bien mantiene el arbitraje entre inversionista y Estado, el modelo requiere a los inversores el agotamiento de los remedios locales antes de iniciar un arbitraje internacional en contra del Estado receptor.
La política de inversión extranjera de India ha cambiado en respuesta a un creciente número de impugnaciones de medidas y políticas gubernamentales por parte de inversores extranjeros en virtud de tratados de inversión: se conoce la existencia de siete casos de arbitraje iniciados contra India desde 2012.
Renegociar los tratados de inversión conforme al nuevo modelo e incorporar las políticas revisadas en las actuales negociaciones de comercio e inversión —con socios tales como Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea, y en el contexto del RCEP— será el próximo desafío político para India.
Una carta desalentadora enviada el 25 de mayo de 2016 por la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, a los Ministros de Comercio y Finanzas de India ilustra este desafío. Advirtió que las notificaciones de cancelación enviadas por India a “un número significativo” de Estados miembros de la UE “podrían tener consecuencias serias” si los tratados en reemplazo no se encuentran disponibles. Según ella, podría “crear una brecha en la protección de las inversiones y consecuentemente desalentar a las empresas de la UE de seguir invirtiendo en India”, dado que los inversores “pueden percibir que el clima de inversión se está deteriorando”.
