Tribunal declara que Rumania infringió el Trato Justo y Equitativo

Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants, Inc. and Alpha El Corporation v. Romania, Caso del CIADI No. ARB/10/13

En un laudo dictado el 2 de marzo de 2015, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) concluyó que Rumania violó el estándar de trato justo y equitativo (FET, por sus siglas en inglés) en virtud del tratado bilateral de inversión (TBI) celebrado entre Rumania y Estados Unidos en 2012. El tribunal otorgó a los demandantes más de €7,7 millones en compensación y costas y costos del arbitraje, más intereses, desestimando los reclamos de expropiación por más de €400 millones.

Antecedentes

El procedimiento fue iniciado en 2010 por Hassan Awdi (ciudadano de E.E.U.U.) y por dos empresas estadounidenses controladas por el mismo. Los demandantes alegaron que Rumania violó el TBI a raíz del trato dispensado a sus inversiones, es decir a Rodipet S.A., una empresa minorista de distribución de prensa anteriormente de propiedad estatal adquirida por los inversores a través de un proceso de privatización, y Casa Bucur, una propiedad histórica que compraron a Rumania y la remodelaron para transformarla en un lujoso hotel y restaurant.

En particular, los demandantes recusaron dos decisiones judiciales de Rumania. Primero, la decisión del Tribunal Constitucional de dicho país, por medio de la cual se declaró inconstitucional la Ley 442. Esta ley otorgaba a Rodipet el derecho de concesión a largo plazo sobre las tierras que albergaban 1.400 quioscos ya existentes y otros a ser construidos en un futuro a lo largo de todo el país. Segundo, una decisión emitida por la Corte Suprema de Rumania determinando que la Casa Bucur debía ser restituida a sus dueños originales.

Al comienzo del procedimiento, Rumania objetó la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad de los reclamos, alegando varias razones. Al rechazar todas las objeciones jurisdiccionales, el tribunal declaró culpable a Rumania de violar el estándar FET en dos ocasiones diferentes, pero rechazó los reclamos presentados por los demandantes con respecto a la expropiación y denegación de justicia.

Nueva revisión de la “inversión” en virtud del Convenio del CIADI

Rumania objetó la jurisdicción del tribunal afirmando que la presunta inversión del Sr. Awdi y del grupo de empresas (Awdi Group), de las cuales era propietario directa e indirectamente, era “un carrusel de transacciones vertiginosas” destinado a “despojar a Rodipet de sus negocios y bienes” (párrafo 137). Rumania también reclamó que, durante la privatización de Rodipet, ninguno de los demandantes hizo una contribución activa en el país y alegó que su práctica constituía una desinversión más que una inversión.

El tribunal rechazó la objeción de Rumania de que según los criterios Salini, en particular, el requisito de contribuir al desarrollo del Estado receptor, debería ser interpretado como parte del término “inversión” en el marco del Convenio del CIADI. Remarcó que, en cambio, el significado del término “inversión” debería ser interpretado exclusiva y estrictamente como se encuentra expresado en el TBI, sin lugar a adición o sustracción alguna. Prosiguió afirmando que la definición abierta, basada en bienes, contenida en el TBI tornaba suficiente el vínculo entre los demandantes y las inversiones a los fines de determinar la jurisdicción del tribunal.

Rumania también recusó la jurisdicción alegando que el Sr. Awdi sólo poseía una participación minoritaria en Rodipet a través de un acuerdo indirecto. Subrayando que el TBI cubría las inversiones “de propiedad o bajo control directo o indirecto de nacionales o empresas de la otra Parte”, el tribunal rechazó la objeción de Rumania. Reconociendo que tanto los accionistas minoritarios como los indirectos tienen derecho a “entablar reclamos relativos al tratado de inversión […] dentro de los límites de su participación accionaria” (párrafo 194), el tribunal concluyó que el Sr. Awdi, pese a ser un accionista minoritario, dominaba la estructura de toma de decisiones de la entidad que adquirió Rodipet y, por lo tanto, poseía el control de facto suficiente para establecer la jurisdicción.

Proceso penal en curso insuficiente para admitir recusación relativa a la inadmisibilidad

Rumania objetó la admisibilidad de los reclamos, alegando que las inversiones de los demandantes eran ilícitas y que fueron realizadas de mala fe. El Sr. Awdi fue sometido a diferentes investigaciones y procesos penales en Rumania. Fue absuelto por el tribunal de primera instancia en uno de los procedimientos relacionados con acusaciones de tráfico de personas, pero fue hallado culpable en otro procedimiento, confirmado por un tribunal de apelación. El tercer procedimiento aún estaba pendiente de resolución. El tribunal determinó que esta divergencia en los resultados de las investigaciones y procedimientos tornaba imposible establecer una evidencia convincente para probar los argumentos presentados por Rumania.

Se desestima recusación relativa a bifurcación debido a la falta de litigio paralelo

Rumania también presentó objeciones de admisibilidad alegando que los demandantes habían intentado resolver la diferencia en torno a la Casa Bucur ante los tribunales rumanos, y que por lo tanto, deberían ser impedidos de presentarla a este tribunal, dado que el TBI contiene una cláusula de bifurcación. Remarcando que el proceso legal fue anulado debido a la falta de pago de las costas por parte de los demandantes y que la diferencia nunca fue atendida por dichos tribunales, el tribunal del CIADI rechazó la recusación presentada por Rumania y determinó que no había un litigio paralelo, y por ende, esto no daba lugar a la aplicación de la cláusula de bifurcación.

Revocación de la Ley 442 constituyó una violación de FET, pero no hay expropiación ni denegación de justicia

Avocándose a los méritos, el tribunal rechazó el argumento de los demandantes de que la Ley 442 en si misma constituía una concesión de tierras, pero concordó con la objeción presentada por Rumania de que la ley solamente le otorgaba derecho a negociar tal concesión, que no estaba cubierta por el TBI como una inversión, y por lo tanto, no podía ser objeto de reclamos de expropiación. Además, rechazó el alegato de los demandantes de que el procedimiento del Tribunal Constitucional rumano por medio del cual se revocó la Ley 422 era “tan notoriamente erróneo bajo el derecho internacional” que garantizaría una determinación de denegación de justicia o un trato arbitrario o discriminatorio (párrafo 326).

Aun así, el tribunal consideró que la revocación de la Ley 442, combinado con la falta de Rumania al no brindar ninguna medida alternativa para remediar la situación, constituía una violación de los compromisos asumidos por dicho país conforme al Contrato de Privatización de Rodipet. Estos compromisos incluían “todos los esfuerzos razonables” para facilitar la concesión de las tierras de Rodipet, en los cuales se basaron los demandantes para realizar la inversión. De acuerdo con el tribunal, dicha falta de acción, después de que la promulgación de la Ley 442 creara expectativas legítimas pertinentes legitimate, dieron como resultado una violación del estándar FET en virtud del TBI.

La Restitución de Casa Bucur a su dueño original no constituye expropiación, pero los Demandantes tenían una expectativa legítima de recuperar el precio de compra Claimants had a legitimate exception for the return of the purchase price

El tribunal también declaró culpable a Rumania de otra violación de trato justo y equitativo en relación con la diferencia de la Casa Bucur. La compra de esta propiedad fue realizada cuando Rumania estaba reformando su legislación de propiedades y restituyendo muchos edificios históricos estatales a sus dueños originales. La evidencia muestra que la Casa Bucur había sido disputada durante mucho tiempo por diferentes partes interesadas. También demostró que los demandantes tenían conocimiento y asumieron expresamente la falta de certeza que existía en torno a la titularidad y el riesgo de restitución de la propiedad al momento de su adquisición. Eventualmente esta propiedad fue tomada y restituida a su dueño original en conformidad con un fallo emitido por la Corte Suprema de Rumania. Los demandantes alegaron que el resultado fue un “ejemplo de libro de una expropiación” (párrafo 426).

El tribunal no concordó con lo antedicho. Concluyó que los demandantes de hecho tenían pleno conocimiento de los riesgos y falta de certezas al comprar la propiedad. Sin embargo, el tribunal remarcó que los demandantes tenían una expectativa legítima de que, si el riesgo se materializaba, al menos el precio de compra les sería devuelto. Por lo tanto, el tribunal sostuvo que Rumania, al no restituir a los demandantes el precio de compra, infringió el estándar FET bajo el TBI.

Daños

El tribunal otorgó a los demandantes aproximadamente €7,5 millones en compensación por la violación del trato justo y equitativo con relación a Rodipet y aproximadamente €147.000 en el caso de Casa Bucur. Ambas sumas fueron basadas en los costos irrecuperables por los demandantes. Además, el tribunal también determinó que Rumania debía reembolsar a los demandantes US$ 1 millón como parte de las costas y costos legales y otorgó a los mismos aproximadamente €482.000 por la mitad de los gastos incurridos para obtener acceso a documentos confiscados por el gobierno. Todos los otros fundamentos para determinar la compensación, a solicitud de los demandantes, incluyendo la pérdida de ganancias y de posibles ventas futuras, fueron rechazados por el tribunal.

Notas: El Tribunal estuvo compuesto por Piero Bernardini (Presidente nominado por acuerdo de los co-arbitros, ciudadano italiano), Hamid Gharavi (designado por los demandantes, ciudadano francés e iraní) y Rudolf Dolzer (nominado por la demandada, ciudadano alemán). El laudo está disponible en: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4208.pdf.